Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal. También podrán intervenir en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma Buenos Aires en los casos y bajo las condiciones establecidas por los artículos 23 y 24 de la ley de seguridad interior. 

Puntos principales:

• La intervención de las fuerzas se producirá sin que necesariamente medie orden judicial.

• Los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales.

• Se debe registrar a organizadores, cómplices y vehículos utilizados, con posibilidad de detenciones y demandas civiles para recuperar costos operativos.

• Se creará un registro de entidades involucradas en estas acciones, sin incluir datos personales hasta que exista resolución judicial.

ARTÍCULO 23. — El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal estará estrictamente sujeto al cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada;

b) Cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal;

c) En situación de desastre según los términos que norman la defensa civil.

ARTÍCULO 24. — Producidos los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dominar la situación. Se dará al Comité de Crisis la intervención que le compete, de acuerdo a lo normado en la presente ley.

Regulaba los Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas. 

Su fin era garantizar la integridad física de todas las personas presentes, así como controlar el accionar de las fuerzas de seguridad.

Se crea el Comando Unificado Federal, un órgano para coordinar operativos especiales de seguridad en situaciones de emergencia, optimizando los recursos de diferentes fuerzas en territorio federal.

Reemplaza al Comando Unificado Urbano (promulgado el 22/12/2023). 

Instruye a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal) a determinar los gastos de los operativos llevados a cabo en el marco de la resolución del ministerio de seguridad N°943/2023.

Prevé que el Ministerio de Seguridad, podrá demandar judicialmente a las organizaciones, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos.

Se establece un reglamento para el uso de armas no letales por parte de las fuerzas federales de seguridad que utilizarán armamento no letal para la inmovilización o incapacitación de agresores, y en situaciones donde el uso de armas letales sería excesivo o podría poner en riesgo a terceros.

Esto incluye dispositivos como pistolas eléctricas y gases paralizantes, siempre que los efectivos hayan recibido la capacitación necesaria.                                              Además, se exige que los agentes se identifiquen antes de usar estas armas, salvo que esto aumente el riesgo para ellos o para otras personas.

En el Anexo I, en el Artículo 16 se dispone que toda persona que impidiere, estorbare o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del programa "volver al Trabajo 1" en forma inmediata procediéndose a suspender el pago del beneficio".

Este protocolo establece pautas de actuación basadas en los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, racionalidad y progresividad.

Su objetivo es regular la conducta del personal policial en el uso de la fuerza, asegurando que se utilice de manera adecuada y conforme a las leyes y normas aplicables. El documento también detalla el equipamiento autorizado y enfatiza la capacitación continua del personal. Además, se alinea con estándares internacionales de derechos humanos y normativas nacionales y locales.