"Se trata de una batalla cultural que genera temor a movilizarse"

Natalia Narvaez Tojter es socióloga recibida de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2024, participa del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional, en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no gubernamental que desde 1979, se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina. Además, fue asesora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y trabajó en la Procuración Penitenciaria de la Nación.

El CELS nació en plena dictadura con el objetivo de denunciar las desapariciones forzadas. Pero, con el tiempo, fue ampliando su trabajo hacia temas como la violencia institucional, el sistema penitenciario, la seguridad y el acceso a derechos básicos. Hoy combina la investigación, el litigio y la incidencia política, en diálogo constante con organizaciones sociales y organismos nacionales e internacionales.

Según la base de datos del CELS, entre enero y diciembre de 2024, la cantidad de personas muertas en el AMBA por violencia policial aumentó un 20% en comparación con el período de 2023 ¿A qué crees que se debe?

Por lo general, en estos casos, las fuerzas de seguridad se encuentran fuera de su horario laboral o fuera de servicio, pero siguen ejerciendo su poder a partir de la portación de su arma reglamentaria. Es lo que llamamos "Estado policial": el sentirse una autoridad por fuera de su horario de trabajo, lo que muchas veces implica violaciones a los derechos humanos. La Policía, por ejemplo, no tiene derecho a disparar a una persona por el hecho de robar. Puede intervenir y detenerla, pero si esa persona está armada, hay una mayor probabilidad del ejercicio de la violencia y de que esa violencia cause muertes.

En relación a las manifestaciones sociales, ¿se registró un aumento en los casos que implican un exceso de poder por parte del Estado? ¿Existe algún estimativo?

En 2024 registramos alrededor de 40 manifestaciones reprimidas en todo el país, y en lo que va de 2025 hay entre 12 y 13. Aun así, es muy difícil cuantificar la cantidad de heridos en estas protestas. Desde el CELS sacamos informes periódicos; por ejemplo el año pasado publicamos "Bala y cárcel", donde registramos situaciones de represión y detenciones durante manifestaciones. Hasta septiembre de 2024 habíamos contabilizado aproximadamente 623 heridos.

En términos cualitativos, sí podemos observar una intensificación de la represión policial, ya que en prácticamente todas las protestas actuales hay personas heridas y detenidas.

¿Pensás que el gobierno no puede o no quiere reducir el número de personas que son reprimidas en estas protestas?

La producción de datos por parte del Estado, especialmente sobre estas cuestiones, siempre ha sido una lucha, tanto en este gobierno como en otros. Es un tema sensible, porque cuando un gobierno produce información pública, esta puede convertirse en un elemento que organizaciones de la sociedad civil y otros actores utilizan como un mecanismo de control, lo que se conoce como accountability.

Creo que es el deber del Estado, y en particular del Ministerio de Salud, informar sobre las intervenciones del SAME en los casos donde se atiende a personas heridas, pero esa producción de información es poco continua. En el caso de la manifestación del 12 de marzo, el gobierno publicó algunos datos sobre el número de individuos afectados, sin embargo el foco principal estaba en los heridos que pertenecían a las fuerzas de seguridad. Por eso, son las organizaciones de la sociedad civil las que muchas veces recopilan estos datos junto a las postas de salud, médicos, enfermeros, periodistas y algunos organismos que también forman parte del Estado y velan por los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo.

Hasta septiembre de 2024 habíamos contabilizado aproximadamente 623 heridos.

Desde que la actual Ministra de seguridad, Patricia Bullrich, estableció su protocolo antipiquetes y derogó, por ejemplo, la resolución 210 -que priorizaba la protección de los derechos de quienes se manifestaban-, ¿de qué manera se ve afectada la seguridad de los manifestantes?

La sanción del protocolo antipiquetes en diciembre de 2023 habilitó el uso y el despliegue de armas menos letales, como gas pimienta, balas de goma y carros hidrantes, de manera muy poco regulada. Actualmente, la seguridad de los manifestantes se ve afectada porque la única norma que regula este uso es la resolución 704 del Ministerio de Seguridad, la cual es muy poco específica respecto a cómo las fuerzas de seguridad deben emplear estas armas durante las protestas.

¿Consideras que estas medidas representan un retroceso en materia de derechos?

Totalmente. Considero que el derecho humano que más está siendo vulnerado es el derecho a la protesta pacífica. Para dar un ejemplo, en la marcha de jubilados del 2 de marzo, que fue una manifestación pequeña en un día feriado no laborable y sin afectar el derecho a la libre circulación, el protocolo antipiquetes se aplicó igual, con una fuerte presencia de la Gendarmería. Hoy el derecho a la protesta está incluso relegado frente a la falta de acceso a otras necesidades que están en emergencia, como la alimentación, la educación y el acceso a la salud, que se encuentran desfinanciados.

Otro de los derechos que se ve afectado es el ejercicio del trabajo periodístico, particularmente en esta misma marcha que nombré un periodista resultó herido. Además, desde principios del 2024 acompañamos a SiPreBA, uno de los sindicatos de prensa más importantes, debido a la violencia que sufrieron durante las marchas en contra de la Ley Bases. Creo que el trabajo de los y las periodistas está siendo obstaculizado, cuando en realidad es fundamental, ya que se dedican a obtener fotografías, videos y testimonios, poniendo el cuerpo para actuar como antropólogos de las manifestaciones.

¿Todos los grupos sociales y etarios están igual de expuestos al uso desmedido de la fuerza policial, o hay sectores más vulnerables?

Hay sectores que, sin dudas, son más vulnerables, como las personas adultas mayores. Esto no lo consideramos solamente desde el CELS, sino a partir de la normativa internacional de la Organización de Naciones Unidas. En una de sus publicaciones llamada "Orientaciones para el uso de la fuerza en contexto de manifestaciones públicas", se establecen estándares específicos sobre el uso de estas armas menos letales en manifestaciones cuando hay adultos mayores, niños y adolescentes, mujeres embarazadas o personas con algún padecimiento mental, que son especialmente vulnerables a la aplicación del uso de la fuerza.

La única norma que regula este uso es la resolución 704 del Ministerio de Seguridad, la cual es muy poco específica respecto a cómo las fuerzas de seguridad deben emplear estas armas durante las protestas.

Desde tu mirada sociológica, ¿Qué consecuencias puede generar que las autoridades no consideren el uso de la fuerza policial como un problema importante?

Se trata de una batalla cultural que genera en la sociedad el temor a movilizarse y a expresar lo que uno piensa. Esto desencadena la quietud de una parte de la población que solía manifestarse, provocando miedo, desmotivación y un mayor individualismo.

¿Cómo comparas esta situación actual con la de hace diez años, cuando Bullrich también ocupaba el puesto? ¿Sus políticas actuales muestran un mayor endurecimiento?

Hay distintas dimensiones que sí muestran un mayor endurecimiento. En términos normativos, se ve una continuidad con el modelo de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, ya que muchas resoluciones derogadas por Alberto Fernández vuelven a estar vigentes, reflejándose tanto en la represión a la protesta social como en la legitimación del rol de las fuerzas de seguridad. Esto configura un contexto aún más crítico que el del gobierno desarrollado entre 2015 y 2019, marcado por un avance sobre los derechos que habilita una posible doctrina del shock.